Algunas personas mayores, especialmente aquellas que han superado los 80 años de edad, padecen limitaciones de carácter físico, psíquico o sensorial. En muchas ocasiones los entornos son hostiles e imponen barreras que impiden a estas personas disfrutar de derechos tan esenciales como pasear, desplazarse en transporte público, acudir a un centro sanitario o social, entrar en una tienda a comprar e incluso acceder o salir de la propia vivienda. En otras ocasiones, las personas mayores sufren discriminación pues se les impone el uso de tecnologías que les resultan muy difíciles de usar.
El grupo de personas mayores con discapacidad es un colectivo especialmente vulnerable y las Administraciones Públicas están obligadas a protegerles con la mayor intensidad posible. Una forma de protección es facilitar un entorno accesible, lo que implica que se eliminen las barreras y todas las personas tengan acceso a:
- Las telecomunicaciones y la sociedad de la información.
- Los espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificios.
- Los medios de transporte, como autobuses, trenes, aviones o barcos.
- Los bienes y servicios a disposición del público.
- Las relaciones con las administraciones públicas.
- La administración de justicia.
- Al patrimonio cultural